¿Datos falsificados o sesgos políticos? La frontera entre el fraude y el análisis crítico.

El texto que presento en esta entrada, más que un caso de fraude en sí, es un debate sobre la confiabilidad de los datos económicos y sociales proporcionados por agentes externos. Concretamente, quiero hablar de la legitimidad del uso de datos que se sospecha podrían estar falsificados. En este contexto, analizaremos específicamente el uso de datos proporcionados por el gobierno de Corea del Norte, algo que sin duda es controversial, haciendo uso de las reflexiones de Daniel J. Schwekendiek en su libro “A Socioeconomic History of North Korea”. ¿Es ilegítimo utilizar datos de un “gobierno totalitario” o es la desconfianza sobre la fiabilidad de esos datos fruto del capitalismo occidental y su afán por desacreditar el régimen norcoreano?

En el caso de Corea del Norte y con la intención de justificar el uso de esta información, Schwekendiek menciona que podría ser improbable que el gobierno manipule deliberadamente todos los datos oficiales. Esto se debe a que falsificar una estadística aislada, como la producción industrial, requeriría alterar toda una cadena de cifras relacionadas (como el crecimiento económico general o los datos de comercio internacional) para mantener la coherencia en las publicaciones futuras. Además, subraya que existen inconsistencias entre los datos norcoreanos y las estadísticas externas, como las de sus socios comerciales, lo que sugiere que algunos datos publicados podrían reflejar limitaciones metodológicas o sesgos internos en lugar de falsificaciones deliberadas.

Un punto relevante planteado por Schwekendiek es que el escepticismo hacia los datos de Corea del Norte no siempre se basa en evidencia sólida, sino que a veces forma parte de un discurso político para desacreditar al régimen. En muchos casos, países y organizaciones externas desconfían de las cifras oficiales norcoreanas sin un análisis exhaustivo de su veracidad, por esta razón, Schwekendiek centra parte de su trabajo en estudiar la validez de las cifras reportadas, mostrando que no eran completamente inventadas, sino que a menudo se trataba de una ligera alteración de la definición de algunos indicadores, como la reclasificación de muertes infantiles como mortinatos hasta 10 días.

Aquí surge una pregunta ética: ¿estaría incurriendo en fraude un autor que utilice datos considerados poco fiables? Si se utilizan los datos sin mencionarlos como potencialmente problemáticos o sin corroborarlos con otras fuentes, podríamos hablar de falta de rigor. Sin embargo, como argumenta Schwekendiek, esta información no debe descartarse automáticamente, sino que puede analizarse críticamente y complementarse con otras evidencias para ofrecer una visión más equilibrada.

En este sentido, ignorar datos presuntamente ‘poco fiables’ también podría suponer un problema, ya que limitaría la comprensión de las dinámicas económicas o sociales que se busca estudiar. Siguiendo el ejemplo anterior, Schwekendiek destaca cómo los datos oficiales sobre malnutrición infantil coinciden, al menos parcialmente, con encuestas independientes, lo que sugiere que estos datos, aunque imperfectos, pueden ser útiles para ciertos análisis.

El debate sobre la confiabilidad de los datos de determinados gobiernos refleja la tensión entre el rigor científico y las narrativas políticas. Aunque es legítimo cuestionar datos secundarios, descartarlos por completo puede conducir a un sesgo en la investigación académica. Personalmente, hablando de manera general y no solo para el caso de Corea del Norte, abogo por una postura crítica pero abierta, sin tomar la información al pie de la letra pero tampoco ignorarla sin antes someterla a un análisis comparativo. Por lo tanto, un autor que use estos datos no necesariamente estaría incurriendo en fraude, siempre y cuando se aborde su interpretación con la debida precaución.